REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos

ISSN: 1885-8031

 

https://dx.doi.org/10.5209/REVE.87970

 

El principio cooperativo de interés por la comunidad en la legislación. El Fondo de Educación y Promoción como principal instrumento para su implementación

Daniel Hernández Cáceres[1]

Recibido: 10 de enero de 2023 / Aceptado: 21 de enero de 2023 / Publicado: 16 de mayo de 2023

Resumen. Tras el reconocimiento del principio cooperativo de interés por la comunidad realizado por la Alianza Cooperativa Internacional, a través de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de 1995, las distintas leyes cooperativas que se han promulgado con posterioridad, así como aquellas anteriores que han sido modificadas, han tenido que incorporar en su interior nuevas directrices tendentes a dar cumplimiento al mismo.

En este trabajo se realizará una aproximación a cómo ha sido incorporado el principio cooperativo de interés por la comunidad por el Derecho positivo cooperativo español, estatal y autonómico, y en Derecho comparado. A través de este análisis se tratará de comprobar si las legislaciones se han visto condicionadas por el principio de interés por la comunidad y obligan a las cooperativas a cumplir con el mismo, o si, por el contrario, el principio cooperativo de interés por la comunidad no ha sido implementado y carece de eficacia jurídica.

Palabras clave: Desarrollo sostenible; Responsabilidad social; Sostenibilidad; Buen gobierno; Stakeholders.

Claves Econlit: K29; M14; P13; Q01.

[en] The cooperative principle of concern for community in legislation. The Education and Promotion Fund as the main instrument for its implementation

Abstract. Following the recognition of the cooperative principle of concern for community by the International Co-operative Alliance, through the Declaration on the Cooperative Identity of 1995, the various cooperative laws that have subsequently been enacted, as well as those previous laws that have been amended, have had to incorporate new guidelines aimed at complying with this principle.

This paper will examine how the cooperative principle of concern for community has been incorporated into Spanish, national and regional positive cooperative law, as well as in comparative law. Through this analysis we will try to verify whether the legislations have been conditioned by the principle of concern for community and oblige cooperatives to comply with it, or whether, on the contrary, the cooperative principle of concern for community has not been implemented and lacks legal effectiveness.

Keywords: Sustainable development; Social responsibility; Sustainability; Good governance; Stakeholders.

Sumario. 1. Introducción. 2. Manifestaciones del principio de interés por la comunidad con carácter general. 3. El principal instrumento para la implementación del principio: el Fondo de Educación y Promoción. 4. Instrumentos jurídicos presentes en la legislación y que se podrían aprovechar para la aplicación del principio de interés por la comunidad. 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas.

Cómo citar. Hernández Cáceres, D. (2023). El principio cooperativo de interés por la comunidad en la legislación. El Fondo de Educación y Promoción como principal instrumento para su implementación. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, 1(144), e87970. https://dx.doi.org/10.5209/reve.87970.

1. Introducción

A pesar de que el interés por la comunidad se encuentra presente en el movimiento cooperativo desde su inicio, incluso mucho antes de que surgiera la cooperativa de Rochdale[2], hay que esperar hasta el Congreso de Manchester de 1995, una vez que los problemas medioambientales y el concepto de desarrollo sostenible están totalmente asentados en la mayoría de los debates mundiales, para que la Alianza Cooperativa Internacional (en adelante ACI) le otorgue al interés por la comunidad la categoría de principio cooperativo. Este reconocimiento se produjo en la Declaración de la ACI sobre la identidad cooperativa, en la que se llevó a cabo la última una revisión de los principios y valores cooperativos y en la que se materializa el séptimo principio de interés por la comunidad cuyo contenido es “Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios” (ACI, 1995:19).

Tras algunos acontecimientos relevantes que provocaron la aceleración del cambio climático y aumentaron el daño medioambiental[3], algunos miembros de la ACI solicitaron la modificación del séptimo principio para introducir en su redacción un mayor énfasis por las preocupaciones medioambientales. Debido a ello, la ACI publicó en el año 2015 las Notas de orientación para los principios cooperativos, que contienen aclaraciones de cómo han de aplicarse los principios en términos adaptados al siglo XXI y, en concreto, la indicación más reciente de cómo ha de interpretarse en la actualidad el principio de interés por la comunidad. Con respecto al mismo se expone que el desarrollo sostenible que es mencionado en su redacción, engloba tres ámbitos diferenciados: el ecológico, el social y el económico (ACI, 2015). Cada uno de estos ámbitos es desarrollado en las notas de orientación, pero podemos concluir que prácticamente cualquier conducta que procure un beneficio, aunque sea mínimo, para otro colectivo diferente al de los socios o para el medioambiente, parece que tiene encaje dentro de este tipo de conductas de interés por la comunidad (Hernández Cáceres, 2021).

Una vez que ya conocemos cuál es la interpretación actual que se ha de dar a este principio, y antes de iniciar el análisis de la recepción legislativa del principio de interés por la comunidad, es necesario hacer algunas aclaraciones en cuanto a la incorporación de los principios cooperativos en la legislación. Comenzaremos señalando algo que parece obvio, y es que las resoluciones de la ACI no son normas jurídicas directamente aplicables en los Estados de la comunidad internacional, por lo que los principios cooperativos elaborados por la ACI e incluidos dentro de estas, por sí mismos, carecen fuerza normativa. Hasta que no se produzca su incorporación en la legislación cooperativa correspondiente, no comenzarán a ser normas de obligado cumplimiento para aquellas cooperativas que se sitúen dentro de su ámbito de aplicación (Vargas Vasserot, Gadea Soler & Sacristán Bergia, 2014; Santos Domínguez, 2015)[4]. Ahora bien, con respecto a la propia incorporación encontramos posturas doctrinales contrapuestas.

Una primera corriente defiende que los principios cooperativos se erigen en criterios informadores o principios configuradores de la forma social cooperativa (Alfonso Sánchez, 2015; Paniagua Zurera, 2005; Vicent Chuliá, F., 1994; Villafáñez Pérez, 2017), por lo que condicionan su régimen legal. En caso de que las legislaciones no los incorporaran, las entidades que se constituyeran con arreglo a la misma serían calificadas de falsas cooperativas por el movimiento cooperativo internacional (Alfonso Sánchez, 2015; Senent Vidal, 2011; Villafáñez Pérez, 2017). Algunos autores sostienen que en esta labor de incorporación el legislador podrá flexibilizar los principios con la finalidad de reducir las trabas que éstos puedan suponer al desarrollo de la cooperativa y de hacerlos más efectivos a las concretas circunstancias nacionales (Vicent Chuliá, 1972; Henry, 2013; Arco Álvarez, 1975).

Mientras que la postura doctrinal contrapuesta a la anterior es la que defiende que las legislaciones cooperativas no toman a los principios cooperativos como elementos estructurales a la hora de regular a la sociedades cooperativas, ni tampoco se les puede identificar con los principios configuradores de la sociedad cooperativa dado que, a pesar de ser incluidos en los articulados por inercia histórica, del análisis de las distintas legislaciones se observa como ellas mismas le niegan valor jurídico (Santos Domínguez, 2015). Para esta corriente lo que permite distinguir a la cooperativa del resto de tipos sociales no son los principios cooperativos, sino la mutualidad y el derecho de los socios a participar en la gestión de los asuntos sociales. Es por ello que este sector de la doctrina considera que la entidad en la que concurran esos dos elementos será cooperativa, se ajuste o no a los principios cooperativos (Santos Domínguez, 2015).

Para tratar de verificar si las legislaciones se han visto condicionadas por el principio cooperativo de interés por la comunidad, comprobaremos si estas han introducido referencias o manifestaciones al principio, si han incorporado mecanismos para su puesta en marcha y si tienen carácter dispositivo u obligatorio. Para ello analizaremos las leyes de cooperativas españolas, tanto la estatal (en adelante LCOOP) como las diecisiete autonómicas, y las compararemos con algunas normas de nuestro entorno europeo más cercano (Portugal[5], Italia[6], Francia[7] y Alemania[8]) así como de Argentina[9] y Brasil[10], ya que son los países Latinoamericanos con un mayor número de cooperativas y a su vez cuentan con una larga tradición en cooperativismo. Este análisis nos permitirá dilucidar cómo de presente está el séptimo principio en nuestra legislación y qué grado de cumplimiento se les impone a nuestras cooperativas en comparación con las del resto de países, así como si existe algún mecanismo en otra legislación extranjera que pueda ser adaptado a la nuestra.

Antes de iniciar con el desarrollo del trabajo, debemos anticipar al lector que, en realidad, el principio de interés por la comunidad, tanto por su tardío reconocimiento como por la inacción de los legisladores, apenas va a manifestarse en la legislación cooperativa y hay poco que reflejar. Las legislaciones recogen escasas menciones a dicho principio o a aspectos relacionados con el mismo, siendo la principal herramienta para su implementación el conocido en la legislación española como Fondo de Educación y Promoción, el cual, como veremos, ni siquiera es una herramienta establecida exclusivamente para el cumplimiento de este principio, por lo que sus posibles efectos en favor de la comunidad quedarán diluidos con su destino a otras actividades relacionadas con otros principios. Ante las dificultades para encontrar en las legislaciones referencias al principio y medidas específicas que lo hagan efectivo, finalizaremos el trabajo con la exposición de algunas configuraciones e instrumentos que, tras analizar la legislación aplicable a otras figuras jurídicas, consideramos que podrían trasladarse y adaptarse a la forma cooperativa para la implementación de este principio.

2. Manifestaciones del principio de interés por la comunidad con carácter general

Como hemos anticipado, en la legislación cooperativa apenas se producen menciones y referencias al principio de interés por la comunidad. El legislador únicamente alude de manera expresa a dicho principio en los listados de principios cooperativos. El resto de referencias que señalaremos en este epígrafe serán menciones a aspectos que la propia ACI en las Notas de orientación señala como relacionados con el interés por la comunidad y con los tres ámbitos que engloba el desarrollo sostenible, aunque, como veremos, sobre la relación de algunos de ellos con el principio guardamos ciertas reservas, por lo que este apartado podría incluso quedar aún más reducido. En cualquier caso, hay que reseñar que no son herramientas o configuraciones jurídicas que posibilitan ejercer ese séptimo principio de manera acorde a la orientación dada por la ACI, sino simples alusiones que no encuentran un desarrollo ni indican cómo ha de ponerse en práctica, o menciones a clases de cooperativas que realizan actividades que están relacionadas con el mismo, o mandatos a la administración para que fomente a cooperativas que contribuyan al desarrollo sostenible, por ello hablamos de manifestaciones del principio con carácter general.

2.1. Los listados de principios cooperativos

La única mención expresa al principio de interés por la comunidad que se encuentra en la legislación cooperativa española es consecuencia de la incorporación de los principios cooperativos enunciados por la ACI al derecho positivo español en los primeros artículos de casi todas las normas cooperativas en vigor[11]. En esta labor de incorporación los legisladores han recurrido a dos fórmulas: la remisión y la elaboración de un listado de principios.

La fórmula de la remisión a los principios cooperativos es la que utiliza la mayoría de las normas españolas al establecer que las cooperativas son sociedades “con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional, en los términos resultantes de la propia Ley”[12]. Mediante esta llamada a los principios cooperativos, el séptimo principio queda incorporado de manera indirecta a dicha legislación.

Mientras que la fórmula de la transcripción del listado de principios cooperativos en el articulado únicamente es utilizada en la actualidad por cinco normas autonómicas[13]. Cabría destacar que la introducción del principio de interés por la comunidad en estos listados se produjo por primera vez en el año 2003 con la ley balear, lo cual es reseñable ya que desde que se reconoció en 1995 hasta que se promulgó dicha ley, en España se aprobaron dos normas de cooperativas que contenían un listado de principios cooperativos entre los que no se incluyó el interés por la comunidad. Así, el legislador valenciano de 1998 incorporó los principios de 1966 (art. 3 LCValencia 1998), mientras que el andaluz de 1999 elaboró un catálogo propio con 9 principios que tampoco hacían referencia a la comunidad (art. 2.2 LSCAndalucía 1999)[14]. Esta tardía incorporación del principio es una muestra más del poco interés que ha mostrado el legislador por el mismo.

Por otro lado, derivado de la cierta “flexibilidad conceptual con la que la ACI dicta dichos principios” (Vargas Vasserot, Gadea Soler, & Sacristán Bergia, 2014:37), se observa cómo hay legislaciones que aprovechan estos listados para reformular los principios cooperativos, modificando su contenido o, incluso, elaborando unos nuevos que son introducidos en su propio catálogo de principios cooperativos. Este es el caso de la legislación cooperativa andaluza, que elabora su propio listado y, en lo que respecta al principio de interés por la comunidad, en lugar de transcribirlo directamente, redacta tres nuevos principios que guardan una estrecha relación con el mismo y que son: fomento del empleo estable y de calidad, con singular incidencia en la conciliación de la vida laboral y familiar; sostenibilidad empresarial y medioambiental; compromiso con la comunidad y difusión de estos principios en su entorno (art. 4, h, j, k LSCAndalucía)[15]. La Exposición de Motivos de la norma andaluza trata de justificar la ampliación del listado de principios indicando que “no revela tanto contradicción como reequilibrio o adaptación evolutiva”[16]. Aun así, esta ampliación de los principios, como ha apuntado parte de la doctrina, parece más bien derivada de la mezcla de objetivos políticos con los principios cooperativos (Vargas Vasserot, Gadea Soler, & Sacristán Bergia, 2014; Paniagua Zurera, 2013b).

En las legislaciones internacionales también encontramos un grupo que recurre a estos listados de principios, son los casos de las normas cooperativas portuguesa y la mayoría de las latinoamericanas. La portuguesa los recoge con la misma redacción dada por la ACI, incluyendo entre ellos el de interés por la comunidad (art. 3 CCPortugal). Por su parte, las latinoamericanas, al igual que ocurre con la ley andaluza, elaboran sus propios listados de entre 10 y 12 características (ninguna los denomina como principios), de las cuales ninguna de ellas se corresponde con el principio de interés por la comunidad, ni está relacionada con ninguno de los aspectos que comprende dicho principio[17]. Esta ausencia de referencias al principio está justificada debido a que las leyes de cooperativas latinoamericanas en vigor son anteriores a 1995.

Por otro lado, subyace un segundo modelo integrado por las leyes de cooperativas de Italia y Alemania, las cuales no contienen ni listado de principios cooperativos ni remisión a los mismos, por lo que no hay ninguna mención al principio de interés por la comunidad. No obstante, dentro de este modelo también debemos situar a la ley francesa ya que, a pesar de que la norma contiene un listado de principios que deben de respetar las cooperativas, entre los enumerados no se encuentra el interés por la comunidad. En este caso, la ausencia de dicho principio es difícil de justificar ya que este listado se incorporó a la legislación en 2014[18] y menciona los seis primeros principios cooperativos de 1995, pero no el séptimo (art. 1 LCFrancia).

2.2. El concepto de cooperativa

Como hemos comentado, en las legislaciones analizadas ya no se observan más alusiones expresas al principio cooperativo. Lo que sí que encontramos en ellas son referencias a términos o materias que la propia ACI en sus Notas de orientación vincula al séptimo principio cooperativo y a los tres ámbitos que engloba el desarrollo sostenible de la comunidad en la que se inserta.

La primera de esas menciones a algunos de los términos relacionados con el interés por la comunidad la encontramos al inicio de las normas, dentro del precepto que regula el concepto de cooperativa. En la Declaración de Identidad de 1995 la ACI incluyó una definición de cooperativa que indicaba que las cooperativas no solo se constituyen para satisfacer las necesidades económicas de sus socios, sino también sus necesidades sociales y culturales[19]. Estos últimos términos, posteriormente fueron encuadrados expresamente por la propia ACI en las Notas de orientación como manifestaciones del séptimo principio[20], por lo que, aun con ciertas reservas[21], debemos considerarlos como uno de los reflejos de dicho principio.

Pues bien, analizando la legislación española, se observa como estas mismas referencias a esas aspiraciones sociales y culturales se encuentran recogidas por la mayoría de las normas de cooperativas dentro del precepto que regula el concepto de cooperativa[22]. Asimismo, algunas normas cooperativas autonómicas, dentro de esta misma definición, dan un paso más y muestran un mayor compromiso por la comunidad en la que se insertan al haber ampliado los objetivos de las cooperativas no solo a la satisfacción de las necesidades de sus socios, sino también a los de la comunidad en general. Así, ocho normas autonómicas recogen que son sociedades que “atienden a la comunidad de su entorno”[23]; o que realizan actividades socioeconómicas “en interés de la comunidad”[24]; o que se constituyen “con el propósito de mejorar la situación económica y social de sus miembros y de su entorno comunitario”[25]; o la original fórmula utilizada por el legislador andaluz que las define como empresas “que realizan su actividad de forma responsable y solidaria con la comunidad” (art. 2 LSCAndalucía).

Sin embargo, hay que advertir que todas estas referencias en el concepto de cooperativa tanto a los términos culturales y sociales, como a la ampliación a los intereses comunitarios, ya era una constante en la legislación española con bastante anterioridad a 1995[26], por lo que no podemos concluir que la definición de la ACI influyera en el legislador español de manera positiva con respecto a la inclusión de este nuevo principio en el concepto de cooperativa. Al contrario. Tras la Declaración los legisladores se ven influidos por la definición realizada por la ACI que, como hemos dicho, no alude a los intereses comunitarios, provocando que la mayoría de normas sancionadas con posterioridad a 1995, entre ellas la estatal[27], recojan una definición semejante a la de la ACI y prescindan de la mención a los intereses de la comunidad en generar que anteriormente sí contenían.

En Derecho comparado, se observa como la mayoría de las legislaciones europeas también incluyen la referencia a los términos culturales y sociales, como sucede en las leyes alemana (§ 1 GenG), francesa (art. 1 LCFrancia) y portuguesa (art. 2.1 CCPortugal). Además, como ocurría en el caso español, las normas francesa y portuguesa ya contenían estas referencias antes de que en 1995 la ACI las incluyera expresamente en la definición de cooperativa[28]. En el lado opuesto se sitúan las normas italianas y latinoamericanas que no incluyen ninguna mención a la satisfacción de dichos intereses en la definición de cooperativa, lo que no implica que se les impida poder realizarlas[29].

2.3. Clases de cooperativas que contribuyen al desarrollo sostenible

Continuando con la búsqueda de referencias al principio de interés por la comunidad en la legislación, hemos de advertir que la propia ACI en sus Notas de orientación relaciona estrechamente a algunas clases de cooperativas con este principio y con el desarrollo social sostenible. Así, señala la orgullosa tradición que tienen las cooperativas en satisfacer algunas de las necesidades sociales como son las sanitarias, de vivienda, educación, etc (ACI, 2015) [30].

En la legislación española, además de reconocer expresa e individualmente a las citadas por la ACI[31], también se regulan algunas clases de cooperativas que, ya sea por las actividades que desarrollan, la forma en la que las realizan o al público al que están dirigidas, también dan muestra del especial interés por la comunidad que se inserta dentro de ellas.

El ejemplo más claro de ello son las conocidas como cooperativas sociales, que son aquellas que a través de la producción de bienes o la prestación de servicios de interés general, combinan el fin mutualista típico de la cooperativa junto con el interés general de toda la comunidad o de un grupo objetivo específico, por lo que sirven a intereses más amplios que los de sus miembros. Además, están sometidas a un régimen económico estricto que les orienta a la consecución de esos mismos fines sociales de interés general. De forma que puede decirse que son cooperativas que incorporan el principio cooperativo de interés por la comunidad en su propio objeto social (Hernández Cáceres, 2022). Estas cooperativas adoptan diferentes nombres en las normas cooperativas españolas, como cooperativas de integración social, de interés social, de servicios públicos o de iniciativa social, siendo este último el más utilizado y el que se encuentra presente en ley estatal (art. 106 LCOOP). Esta clase de cooperativa también se encuentra en varias de las legislaciones extranjeras analizadas, como por ejemplo, las cooperativas sociales italianas[32], las sociedades cooperativas de interés colectivo de interés colectivo francesas[33] y las cooperativas de solidaridad social portuguesas[34].

También encontraremos una especial preocupación por la comunidad en las cooperativas de consumidores y usuarios españolas cuando estas tengan por objeto la educación, formación y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en general (art. 88.1 LCOOP). Con respecto a esta labor, cabría señalar que las cooperativas de consumidores y usuarios andaluzas podrán ostentar la consideración de organización o asociación de consumidores y usuarios (art. 96 RLSCAndalucía)[35].

Asimismo, como caso singular en la legislación autonómica habría que destacar a la cooperativa agraria rural de Castilla la Mancha, que tiene por objeto la realización de actividades y prestación de servicios que mejoren económica, social y técnicamente a la propia cooperativa, a las personas y entidades socias de la misma o las terceras personas de su entorno social y ayuden a la dinamización, el desarrollo, la transformación y la generación de valor en el medio rural, aumentando la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de las personas vinculadas a la cooperativa, fomentado el desarrollo sostenible del medio rural[36].

Por último, además de esas clases de cooperativas cuya actividad cooperativizada demuestra una especial preocupación por la comunidad, dentro de la legislación española podemos encontrar otras clases de cooperativas que, sin que su actividad cooperativizada principal ejerza una especial contribución al desarrollo sostenible, el legislador expresamente les ha incorporado una serie de actividades o funciones secundarias que van a poder desarrollar y que influyen en el mismo. Este es el caso de las cooperativas agroalimentarias, a las cuales el legislador explícitamente les incluye la posibilidad de realizar actividades que faciliten el mejoramiento medioambiental de la cooperativa o de las explotaciones de sus socios (art. 93.2.d LCOOP); o actividades de consumo y servicios para demás miembros de su entorno social y territorial, fomentando aquellas actividades encaminadas a la promoción y mejora de la población agraria y el medio rural, y la conservación, recuperación y aprovechamiento del patrimonio y de los recursos naturales y energéticos del medio rural (art. 93.2.e LCOOP)[37].

2.4. La acción de la Administración y otros movimientos

Para finalizar con las menciones presentes en las leyes de cooperativas, se ha observado como en el artículo que regula las diversas acciones de fomento del cooperativismo que ha de llevar a cabo la Administración pública, se deduce que el legislador trata de promocionar a las cooperativas cuyas actividades contribuyen al desarrollo sostenible de la comunidad en la que se insertan[38].

Así, son varias las normas que contienen un mandato a la Administración de fomentar a aquellas cooperativas cuyas actividades o resultados colaboran a alcanzar algunos fines sociales concretos, como aquellas que contribuyen a corregir los desequilibrios territoriales fijando la población y el empleo en las comarcas en recesión[39], o las que promuevan o lleven a efecto actuaciones de integración sociolaboral en favor de las personas en riesgo de exclusión[40], o las que desarrollen su labor con arreglo a principios de sostenibilidad empresarial y mejora medioambiental, conciliación de la vida laboral y familiar, e igualdad de género[41]. De igual forma, algunas leyes ordenan promover la creación de cooperativas para la gestión de servicios públicos y para la realización de obras y tareas de interés general o cívico, debiéndose fomentar la participación de las personas usuarias, en colaboración con los distintos organismos competentes, compartiendo la gestión de estos servicios[42].

Igualmente, encontramos algunas normas cooperativas que incluyen la posibilidad de aplicar medidas concretas a estas cooperativas. Así, el legislador catalán prevé expresamente la posibilidad de aplicar incentivos fiscales cuando las actividades de las cooperativas tengan una función social y de interés general[43], mientras que otro grupo de normas incluyen la posibilidad de obtener el reconocimiento de utilidad pública aquellas cooperativas que contribuyan a la promoción del interés general, lo que les permitirá gozar de ciertos beneficios[44].

Por último se observa como algunos legisladores, ya sea en la misma ley de cooperativas o en otra específica, vinculan este tipo de entidad con otros movimientos que se caracterizan por la incorporación de intereses distintos a los de los socios o la realización de actividades de interés general, como la economía social[45] en España y Portugal, la economía solidaria[46] en Brasil, o la economía social y solidaria[47] en Francia y Argentina.

3. El principal instrumento para la implementación del principio: el Fondo de Educación y Promoción

3.1 El fondo y su relación con los modelos ius cooperativos

La principal herramienta con la que cuentan las cooperativas para cumplir con el principio de interés por la comunidad es el conocido en la legislación española como Fondo de Educación y Promoción (en adelante FEP), el cual se ha de dotar y destinar a actividades relacionadas, entre otras, con el séptimo principio. Sin embargo, en Derecho comparado esta herramienta no se encuentra recogida en todas las legislaciones, observándose dos grupos diferenciados.

 El primer grupo estaría formado por aquellas normas que no regulan dicho fondo, sino que únicamente prevén la obligatoriedad de constituir un fondo de reserva destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa. Dentro de este primer grupo se sitúan las legislaciones cooperativas de Alemania, Francia e Italia[48], las cuales precisamente eran las que no contenían un listado de principios cooperativos o bien lo incluían, pero no incorporaban el séptimo principio sin justificación aparente. Esta circunstancia, sumada a la ausencia de regulación de un fondo adicional que se pueda destinar a fines sociales viene a consolidar la idea de que se trata de legislaciones en las que el reconocimiento del principio de interés por la comunidad por la ACI no ha ejercido una gran influencia. Por otro lado, estas legislaciones adoptan el conocido como modelo ius cooperativo economicista[49] y se caracterizan, entre otras, por la identificación de la cooperativa como una sociedad, no hacer referencia a la ausencia de ánimo de lucro y permitir que tanto los resultados de la actividad con terceros no socios, como el fondo de reserva se puedan distribuir entre los socios.

Mientras que el segundo grupo de legislaciones regulan, junto al fondo de reserva, uno o dos[50] fondos independientes, dedicados principalmente a dar cumplimiento al quinto, sexto y séptimo principio cooperativo, es decir, a la educación cooperativa, la promoción del cooperativismo y al interés por la comunidad. Este grupo estaría conformado por las normas cooperativas de Latinoamérica junto con la de Portugal. En este caso, las legislaciones señaladas sí que contenían una mención expresa al principio de interés por la comunidad en el listado de principios, o bien, no lo incluían por haber sido aprobadas con anterioridad al reconocimiento del mismo. De igual forma, estas legislaciones se encuadrarían dentro del modelo ius cooperativo social[51], presentando como características en común, entre otras, la no configuración de las cooperativas como sociedades, sino como asociaciones o entidades intermedias entre ambas figuras, predicar la ausencia de ánimo de lucro de las mismas y no permitir la distribución entre los socios ni de los resultados obtenidos con operaciones con terceros no socios, ni el reparto de los fondos sociales de la cooperativa.

Por último, encontramos el singular caso de las leyes de cooperativas españolas que, a pesar de que configuran jurídicamente a las cooperativas de tal forma que se situarían dentro del modelo economicista, a diferencia del resto de legislaciones enmarcadas en este modelo, obligan a la constitución del FEP. Las razones por la que las leyes cooperativas españolas mantienen la obligatoriedad de constituir dicho fondo hay que buscarlas en su evolución histórica[52].

Así, la primera referencia a la obligatoriedad de destinar parte de los resultados a fines sociales la encontramos en la Ley de cooperativas de 1931 y en el Reglamento que la desarrolla de 1931, los cuales configuran a las cooperativas como entidades sin ánimo de lucro[53]. No obstante, dentro de estas normas el legislador realiza una categorización[54] y distingue a unas cooperativas con un lucro aún más reducido, por cuanto les impone unos requisitos económicos más severos que al resto[55], y que además tienen que desarrollar un objeto con un mayor contenido social, puesto que se debían de constituir primordialmente para mejorar la condición económica y social de obreros y personas de medios modestos en general. Estas cooperativas menos lucrativas calificadas como populares^[56] son precisamente a las que se les va a exigir destinar un porcentaje de los resultados a la realización de una o varias obras sociales[57].

Con la siguiente Ley de cooperación de 1942 y el Reglamento que la desarrolla de 1943, la regulación de estas obras sociales varía. Esta nueva legislación configura a las cooperativas como entidades[58] no mercantiles[59] sin ánimo de lucro, aunque el legislador, centrando su atención en este último aspecto, ya no admite que exista una diferenciación entre cooperativas con un mayor o menor ánimo de lucro[60]. Como consecuencia de ello, entre otras modificaciones, se eliminó la distinción entre cooperativas populares y no populares (además de las de profesionales[61] y las escolares[62]), se aumentó la dotación de los fondos de reserva[63], se reguló de manera deficiente la distribución de los resultados cooperativos[64] y se prohibió la posibilidad de realizar operaciones con terceros[65]. Al mismo tiempo se mantuvo la referencia a las obras sociales, ahora bien, imponiendo por primera vez la obligatoriedad de constituir un fondo de obras sociales^[66] irrepartible que debía ser destinado a fines de carácter moral, cultural, profesional o benéfico, en interés de la Sociedad[67]. Estas decisiones por parte del legislador provocaron que en esta nueva Ley todas las cooperativas, con independencia de su clase y de que su objeto social estuviera más o menos vinculado al interés general, estuvieran obligadas a constituir y dotar un fondo de obras sociales^[68]. A la vista de cómo regula el régimen económico de las cooperativas, esta legislación se situaría dentro del modelo ius cooperativo social[69] por lo que, de acuerdo a los dos grupos de legislaciones anteriormente identificados en Derecho comparado, la presencia de este fondo tendría un mayor sentido.

A partir de esta ley, todas las leyes de cooperativas aprobadas en España han continuado manteniendo la obligatoriedad de constituir un fondo destinado a fines sociales. La inercia histórica mantenida por los distintos legisladores ha dado lugar a que las normas cooperativas en vigor, las cuales se situarían en el modelo ius cooperativo economicista[70], continúen regulando el FEP, aun cuando las normas de Derecho comparado que se enmarcan dentro de este mismo modelo no lo hacen. A este hecho seguramente también contribuyó que en el Congreso de Viena de la ACI de 1966 se aprobara el principio cooperativo de educación[71], ya que a partir de entonces las nuevas legislaciones cooperativas españolas[72] aprovecharon este fondo para dar cumplimiento a los principios de educación y promoción del movimiento cooperativo[73].

3.2. Destinos sociales del Fondo

Como decimos, en el caso de España, el FEP trata de dar cumplimiento principalmente a los principios cooperativos de educación, intercooperación y, por supuesto, de interés por la comunidad. En cambio, en Derecho comparado no todos estos fondos distintos del de reserva van a poder emplearse en actividades relacionadas con el séptimo principio, o no al menos de forma exclusiva, sino que encontraremos que algunos de ellos han sido creados para cumplir con el principio de educación y la promoción del cooperativismo o para dar asistencia a socios o trabajadores de la cooperativa. Por consiguiente, únicamente cuando la legislación permita a las cooperativas invertir los importes del fondo en el desarrollo de actividades sociales o de interés general, podremos considerar a dicho fondo como una herramienta para poner en práctica el principio de interés por la comunidad. Por ello, en este epígrafe descartaremos aquellos fondos que cumplen exclusivamente objetivos relacionados con la educación y la promoción del cooperativismo[74], mientras que del resto de fondos nos centraremos en señalar únicamente los destinos sociales en los que se pueden emplear y otros aspectos que guardan relación con el séptimo principio[75].

Pero antes de comenzar señalando esos objetivos sociales, cabría destacar que estos fondos relacionados con el interés por la comunidad fueron regulados por sus respectivas legislaciones con anterioridad a que el principio de interés por la comunidad fuese reconocido por la ACI en 1995[76]. Desde entonces, la única legislación en la que se han aprobado nuevas leyes de cooperativas ha sido la española, con más de veinticinco. Gracias a esta prolífica etapa, se puede observar en la evolución legislativa española cómo el reconocimiento del principio por la ACI ha influido en el progresivo incremento de la variedad de objetivos sociales a los que se puede destinar el FEP. Con base a esta evolución, se pueden agrupar las legislaciones en tres periodos: un primer periodo (1971-1996) anterior al reconocimiento del principio por parte de la ACI en el que las legislaciones apenas contenían una cláusula general que permitía destinar este fondo a actividades de contenido social y que se sigue manteniendo en la actualidad; un segundo periodo (1974-1996) tras el reconocimiento del principio en el que los objetivos del fondo se ven ampliados al medioambiente y, en menor medida, los trabajadores; y el actual tercer periodo (2011-actualidad) en el que se ha incorporado las menciones a la responsabilidad social empresarial (en adelante RSE). De forma que las legislaciones españolas en vigor, dependiendo en gran medida de la fecha en la que fueron promulgadas, presentan un mayor o menor número de estos ámbitos entre las actividades a las que se pueden dedicar el FEP[77]. Este aumento de interés por el fondo y por los objetivos sociales también se observa tanto en la importancia que se le otorga en algunas de las exposiciones de motivos de las últimas normas autonómicas[78], como en las distintas denominaciones que ha adoptado con el paso de los años, pasando de ser llamado mayoritariamente como fondo de educación y promoción[79], a las últimas denominaciones que recuperan el sentido social del mismo que presentaba el antiguo fondo de obras sociales al denominarlo como fondo de formación y sostenibilidad en Andalucía o la contribución para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público en el País Vasco[80].

Retomando el análisis de los destinos sociales del fondo hay que indicar que para el desarrollo de este apartado nos referiremos a cada uno de estos ámbitos siguiendo el orden cronológico en el que se fueron incorporando a las leyes cooperativas españolas.

Así, la primera referencia social a la que se podía destinar el FEP se introdujo a través de una cláusula general que presentaba (y presenta) una redacción muy amplia y genérica. Esta cláusula adoptó dos redacciones diferentes, las cuales, tras sufrir algunas actualizaciones, siguen manteniéndose en las normas en vigor. Así, se observa un primer grupo de normas muy numeroso, entre las que se encuentra la norma estatal, que establecen que el FEP se puede destinar a “la promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local o de la comunidad en general, así como la mejora de la calidad de vida y del desarrollo comunitario”^[81]. Mientras que el segundo grupo de normas, conformado únicamente por las leyes catalana y castellanoleonesa, incluyen una cláusula general que establece que el FEP tiene por objeto “atender a los objetivos de incidencia social y de lucha contra la exclusión social”[82]. Como decimos, estas cláusulas las hemos calificado de generales por la amplitud con la que están redactadas[83], cabiendo entre las actuaciones que permiten realizar, por ejemplo, “la colaboración en la reconstrucción y acondicionamiento de la iglesia parroquial de la comunidad y la dotación a la biblioteca municipal de libros de carácter cultural general y de carácter profesional relacionados con la actividad de la cooperativa”[84].

El siguiente ámbito social al que puede destinarse el FEP es el medioambiental. La primera ley en incluirlo fue la extremeña de 1998[85], a la cual le siguió la estatal al año siguiente estableciendo que dicho fondo puede tener por objeto “acciones de protección medioambiental” (art. 56.1.c LCOOP). A partir de dicho momento, la mayoría de las normas cooperativas aprobadas contendrán una referencia a esa misma preocupación medioambiental dentro de la cláusula general, siendo recogido de manera expresa por doce de ellas[86]. Entre todas destaca el caso de la andaluza, la cual se extiende en la redacción recogiendo también una referencia al desarrollo sostenible, de tal forma que el FEP se podrá destinar a “la promoción de actividades orientadas a fomentar la sensibilidad por la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible” (art.71.3.f LSCAndalucía)[87]. En el ámbito internacional, la única legislación que incluye la posibilidad de destinar parte de uno de sus fondos al “desarrollo sostenible del medio ambiente y de la comunidad” es la colombiana[88].

El tercer ámbito relacionado con el interés por la comunidad es el posible destino del fondo a fines sociales relacionados con los trabajadores[89]. La primera norma en introducirlos fue la derogada ley aragonesa de 1998[90] y desde entonces, varias normas permiten destinar el fondo a la prevención de riesgos laborales o la vigilancia de la salud, a la promoción de trabajadores con especiales dificultades de integración social o laboral, o a la consecución de mejoras en los sistemas de prestaciones sociales[91]. No obstante, hay que advertir que la presencia de estos objetivos en las normas españolas en vigor es realmente escasa, ya que solo es recogido por tres, la andaluza, la extremeña y la aragonesa, lo cual contrasta con los que sucede en el ámbito internacional, en el que todas las legislaciones que regulan un fondo con objetivos sociales contienen previsiones en favor de los trabajadores. Así, se observa como las normas costarricense y brasileña permiten destinar el importe del fondo a la acción asistencial de los trabajadores[92], la argentina al aumento de su salario[93], y la colombiana a ayudas en situaciones provocadas por calamidades o por fallecimiento del trabajador[94].

El último objetivo social al que destinar el FEP que se ha incorporado más recientemente en las normas españolas es la RSE, que se introdujo por primera vez en la LSCAndalucía. La norma andaluza hace referencia a que el FEP, al cual denomina como Fondo de formación y sostenibilidad, es un “instrumento al servicio de la responsabilidad social empresarial de las sociedades cooperativas” (art. 71.1 LSCAndalucía)[95]. Esta fijación por la RSE se acentúa cuando el legislador establece que dicho fondo “se destinará a actividades que puedan enmarcarse dentro de la responsabilidad social empresarial” (art. 71.4 LSCAndalucía), aunque “singularmente” también se podrá destinar a los fines educativos, de intercooperación o sociales que son recogidos en ese mismo artículo. La norma cooperativa andaluza ha ejercido una gran influencia en algunas de las legislaciones autonómicas posteriores, que también han incluido la RSE como objetivo de este fondo[96].

Por último, también se han incorporado en varias normas cooperativas autonómicas otros objetivos a los que poder dedicar el fondo que están muy relacionados con el séptimo principio. Así, la ley gallega, tras su modificación de 2012, permite destinarlo al “apoyo a proyectos e iniciativas de emprendimiento cooperativo generadores de empleo, particularmente en el ámbito de los servicios sociales”, pudiendo destinar a este último objetivo hasta un máximo del 50% de este fondo (art. 68.2 LCGalicia); o la singular propuesta del legislador vasco que permite destinarlo, como un ejemplo más del fomento cultural, a la promoción del uso del euskera (art. 72.1.d LCPaísVasco).

Como se ha podido observar, la legislación que contiene un mayor número de destinos sociales en los que poder emplear el fondo es la española, habiéndose producido un progresivo incremento en la variedad de los mismos desde que el principio fue reconocido por la ACI. Ahora bien, a pesar de este aumento, hay que recordar que el FEP en España no se dedica de forma exclusiva al principio de interés por la comunidad, sino que dicho fondo también puede destinarse a actividades relacionadas con los principios de educación e intercooperación. Incluso en los últimos años se ha ampliado el listado de fines en los que se puede emplear, incorporando otros destinos relacionados con la economía de la cooperativa[97], la sostenibilidad empresarial[98] y la igualdad de género[99], siendo en ocasiones obligatorio el destinar un porcentaje concreto del fondo a ellos[100], y otros destinos que son consecuencia de la COVID-19, aunque de vigencia temporal[101]. Esta misma circunstancia se da en Derecho comparado, ya que estos fondos van a poder destinarse a otros fines no relacionados con el interés por la comunidad, como por ejemplo el brasileño se puede emplear en la prestación de asistencia a los socios; el colombiano al auxilio de los socios en caso de calamidad doméstica, o para servicios médicos, hospitalarios y quirúrgicos, etc. Solo el fondo argentino de acción asistencial y laboral es el único que, al dedicarse de manera exclusiva a mejorar el salario de los trabajadores, se empleará exclusivamente en fines relacionados con el séptimo principio. Las legislaciones al no configurar un fondo de dedicación exclusiva al interés por la comunidad y permitir destinar los importes a actividades relacionadas con otros principios, provocarán un menoscabo los posibles efectos en favor de la comunidad y el interés general, ya que las cooperativas podrán dedicar todo el importe del fondo a actividades que no contribuyan a ninguno de los ámbitos del desarrollo sostenible.

Tabla. 1. Destinos del FEP en las principales legislaciones analizadas

Fuente: Elaboración propia.

3.3. Implementación de las actividades

Continuando con el análisis de este fondo, resulta de interés comprobar cómo se regulan en las distintas legislaciones otros aspectos que afectan a su efectiva puesta en práctica. En concreto, a quién le corresponde decidir en qué actividades se emplea, si para el desarrollo de las actividades pueden colaborar con otras instituciones, qué plazo tienen para ello, qué ocurre si no lo invierten en el plazo establecido o si lo emplean en fines distintos a los previstos por la legislación o qué sucede con el importe del fondo en caso de disolución. En este sentido, hay que advertir que la legislación cooperativa española es la que regula con mayor detalle las cuestiones que afectan a la implementación de estas actividades, observándose como el resto de legislaciones internacionales únicamente contienen algunas simples indicaciones.

Comenzando con la primera de las cuestiones, hay que indicar que en España será el consejo rector de la cooperativa el que decida en qué actividades de las anteriormente mencionadas invertir el importe del fondo, siguiendo en todo caso las líneas básicas fijadas por los Estatutos o la Asamblea General[102]. En el ámbito internacional se ha observado una tendencia similar, salvo en Costa Rica, donde se prevé un órgano específico, el Comité de educación y bienestar social, que será el que redacte, someta a la aprobación del consejo de administración y ponga en práctica los proyectos y planes de obras sociales (art. 50 LCCostaRica).

Para atender a estos fines, las cooperativas españolas pueden colaborar con otras sociedades o asociaciones cooperativas, instituciones públicas o privadas y con entidades dependientes de las administraciones públicas, o acordar su destino a favor de la unión o federación de cooperativas en la que esté asociada para el cumplimiento de las funciones que sean coincidentes con las propias del referido fondo[103]. Esta colaboración, aunque con un menor número de entidades, también se encuentra recogida por la legislación brasileña que permite que los servicios a prestar con dicho fondo puedan realizarse mediante convenios con entidades públicas y privadas (art. 28.II.2 LCBrasil).

Asimismo, la legislación española establece como plazo máximo para que se produzca la materialización de dicho fondo en alguna de las actividades previstas, el ejercicio económico siguiente al que se efectúe su dotación. En caso de que no se agote o comprometa la totalidad, la mayoría de las normas señala que el importe restante deberá materializarse en cuentas de ahorro, en títulos de la Deuda Pública o títulos de Deuda Pública emitidos por las Comunidades Autónomas[104], lo que posibilita que la cooperativa pueda recuperarlo y gastarlo más adelante. En este sentido cabría destacar el caso vasco, ya que si la cooperativa no emplea el importe en dicho ejercicio económico, deberá entregárselo a entidades sin ánimo de lucro para su destino a las finalidades de interés público establecidas para esta contribución^[105], por lo que priva a la cooperativa de poder recuperarlo en un futuro[106]. Por último, indicar que toda esta labor del consejo rector con respecto al uso del fondo quedará sometida al examen posterior de la asamblea general, ya que todos los fines y labores a los que se haya dedicado, así como las sociedades o entidades con las que se haya colaborado, deberán quedar reflejadas en el informe de gestión[107] el cual deberá ser aprobado por esta. Algo semejante a lo anterior lo encontramos en Argentina que, a través de la Resolución 177/1983 del Instituto Nacional de acción cooperativa, impone que se detalle el empleo del fondo en la memoria del ejercicio respectivo y se les obliga a que el importe del fondo sea aplicado por las cooperativas en el ejercicio inmediato posterior al de aquel que lo originó, aunque no se especifica qué ocurre con el remanente del fondo no gastado.

Por otro lado, tratando de asegurar que las cooperativas cumplan con los destinos previstos por la ley, las normas de cooperativas españolas establecen que emplear el importe del FEP en finalidades distintas de las establecidas constituirá una infracción grave[108] o muy grave[109] que será sancionada con una multa y, en algunos casos, puede conllevar la descalificación de la cooperativa[110]. Asimismo, se observan consecuencias en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas (en adelante LRFIC), la cual dicta que aplicar cantidades del FEP, con independencia de la denominación que adopte[111], a finalidades distintas de las previstas por la Ley, causará la pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida (art. 13.3 LRFIC). En cualquier caso, hay que recordar que las actividades a las que se puede destinar este FEP en España no están únicamente vinculadas al séptimo principio, sino que las legislaciones recogen también actividades relacionadas con el principio de educación o el de intercooperación. Por lo que estas sanciones tampoco aseguran que la cooperativa destine el FEP a finalidades sociales. Por su parte, la legislación colombiana aunque también considera sancionable dicha infracción (art. 45.2 LCColombia), fomenta el que las cooperativas no implementen ninguna actividad con el importe del mismo ya que, en su lugar, dicho importe podrá ser empleado en el pago del impuesto de sociedades[112].

Por último, al igual que se ha expuesto qué ocurre con el importe no gastado, resulta de interés saber qué ocurre con el importe de fondo en caso de que se produzca la disolución de la cooperativa. Como consecuencia del carácter irrepartible de estos fondos ninguna de las leyes de cooperativas, ni españolas ni internacionales, permiten el reparto entre los socios del importe del mismo durante la liquidación de la cooperativa, debiendo ponerse a disposición de una entidad, pública o privada, para que se destine al fomento y promoción del cooperativismo[113]. Igualmente, cabría destacar que algunas normas autonómicas, tras ponerlo a disposición de esas mismas entidades, permiten que se destine a la realización de los fines propios del FEP, entre los que podrían situarse los fines sociales de interés general[114], mismo destino que podría seguir también el activo sobrante[115].

3.4. Dotación del Fondo

Para finalizar con el estudio de este fondo, es importante analizar cómo se realiza la dotación del mismo, ya que por mucho que se amplíen las actividades de contenido social a los que dedicarlo, si no se destinan ciertas cantidades a su dotación, no se podrán realizar dichas actividades. En este campo también se aprecian algunas diferencias entre las legislaciones cooperativas en cuanto a las diversas partidas que se han de destinar a la dotación del fondo y a los porcentajes de las mismas, aunque, a diferencia de lo que ocurría con los objetivos sociales, con el paso de los años no se ha observado un incremento en su dotación.

Así, la principal (Gondra Elgezabal, 2021; Nagore Aparicio, 2020) de estas partidas es la referida a los excedentes cooperativos o los resultados. A pesar de que se trata de una metodología fácilmente manipulable que permite destinar al fondo cantidades ínfimas[116], la totalidad de las legislaciones establecen que, siempre que haya resultados positivos, se deberá dotar este fondo con un porcentaje de los excedentes[117]. Ahora bien, estos porcentajes y la forma de fijarlos varían en función de la legislación, observándose dos modelos diferenciados. El primer modelo, que es el que también adoptan las legislaciones internacionales, es aquel que establece un porcentaje mínimo fijo, de forma que la cooperativa tendrá que destinar siempre un determinado porcentaje de los excedentes, entre el cinco y el diez por ciento[118], a dotar el FEP. Mientras que el segundo modelo hace depender la cuantía de dicho porcentaje en función de cómo de dotado se encuentre el fondo de reserva obligatorio (en adelante FRO). Las legislaciones que optan por este modelo establecen que hasta que el FRO no alcance un determinado porcentaje con respecto al capital social, la cooperativa tendrá que destinar al FEP un porcentaje reducido de los excedentes, incluso observándose situaciones en las que la cooperativa no estará obligada a destinar excedentes a su dotación. En estas últimas normas, el FEP adquiere un carácter de subsidiariedad[119], ya que para poder proceder a su dotación será necesario consolidar previamente el FRO. Conforme vaya aumentando el FRO y se iguale o supere al capital social, el porcentaje de excedentes que la cooperativa deberá destinar al FEP aumentará[120]. A pesar de aumentar progresivamente el porcentaje de excedentes que se destina al FEP, las normas de cooperativas como máximo establecen el porcentaje mínimo en un diez por ciento.

Además de los excedentes, la mayoría de las normas españolas establecen que también se tendrán que destinar a la dotación del FEP algunos otros conceptos como las subvenciones, donaciones y ayudas recibidas para el cumplimiento de los fines del fondo[121]; las sanciones disciplinarias impuestas por la cooperativa a sus socios[122]; o los rendimientos financieros obtenidos por las inversiones en cuentas de ahorro o en Deuda Pública realizadas con el importe no aplicado en ejercicios anteriores[123].

Por último, algunas normas autonómicas han aumentado el listado de conceptos que han de destinarse a la dotación del FEP[124], destacando entre ellos la obligación de destinar un porcentaje de los resultados extracooperativos[125] por cuanto también se encuentra en algunas normas internacionales[126].

Para garantizar que las cooperativas cumplen con esta dotación, la ley fiscal penaliza con la pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida para aquella que no efectúe las dotaciones al FEP, en los supuestos, condiciones y por la cuantía exigida en las disposiciones cooperativas (art. 13.1 LRFIC). Además, como ocurría en el caso del destino incorrecto, esta actitud también es considerada como una infracción grave por la mayoría de legislaciones.

Tabla. 2. Dotación del FEP en las principales legislaciones analizadas

Fuente: Elaboración propia.

4. Instrumentos jurídicos presentes en la legislación y que se podrían aprovechar para la aplicación del principio de interés por la comunidad

Tras haber comprobado que en las legislaciones de cooperativas únicamente se recogen algunas escasas referencias al principio sin llegar a desarrollarlo, y que el FEP, el cual es considerado como la herramienta principal para su implementación, se puede dedicar a otros fines que no guardan relación con el interés por la comunidad, hemos de plantearnos si en las legislaciones, tanto de cooperativas como aplicables a otras figuras jurídicas, existen otros instrumentos que se puedan aprovechar para que las cooperativas cumplan con el principio de interés por la comunidad. De forma que a continuación se expondrán algunas herramientas, o configuraciones, que permiten que las próximas decisiones de la cooperativa tengan en cuenta intereses ajenos a los de los socios, así como mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. En cualquier caso, hay que señalar que estas tendrán carácter dispositivo, no son de obligado cumplimiento, por lo que su establecimiento dependerá de la voluntad de los propios socios de las cooperativas.

4.1. El órgano especializado en políticas de sostenibilidad y la información sobre el impacto

El primero de estos instrumentos jurídicos parte de una medida que se ha introducido a través del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas[127] (en adelante CBGSC) para que este tipo societario tome en consideración los intereses otros grupos de interés (stakeholders) distintos de los de los socios, que se ven afectados directamente por la actuación de la cooperativa, tales como trabajadores, usuarios, autoridades locales u otros miembros de la comunidad. Dicho código trata de que las sociedades cotizadas implementen una política de sostenibilidad, que sustituye a la responsabilidad social corporativa[128], centrada “en materias medioambientales y sociales, como facultad indelegable del consejo de administración, ofreciendo de forma transparente información suficiente sobre su desarrollo, aplicación y resultados” (Principio 24 CBGSC). Para su puesta en práctica el código contiene una serie de recomendaciones relacionadas con la aprobación de las políticas y la supervisión de las prácticas sostenibles, cuyo traslado a las cooperativas requiere de ciertas adaptaciones.

Así, mientras que para las sociedades cotizadas el citado principio establece que la aprobación de dichas políticas es una facultad indelegable del consejo de administración[129], en el caso de la cooperativa esta competencia recaerá sobre la asamblea general, ya que es a este órgano al que le corresponde la fijación de la política general[130].

Por otro lado, para tratar de comprobar si el órgano de administración ha implementado correctamente estas políticas en materia medioambiental y social, el CBSCG atribuye su supervisión a una comisión especializada en sostenibilidad, debiendo ésta estar integrada únicamente por consejeros no ejecutivos[131], siendo la mayoría independientes (recomendación 53 CBGSC). En el caso de las normas cooperativas, tanto las españolas[132] como las extranjeras[133], permiten que estatutariamente se regulen estas comisiones, sin embargo, solo encontraremos dentro de ellas consejeros no ejecutivos cuando el consejo rector delegue las facultades relativas al tráfico empresarial ordinario en uno o más de sus miembros, o a un tercero[134]. De forma que mientras no se produzca dicha delegación, las comisiones estarán siempre integradas por consejeros ejecutivos, es decir, por los mismos que implementan las políticas.

Es por esto que, atendiendo a la libertad estatutaria para la autorregulación de otros órganos recogida en las normas cooperativas españolas[135] y de otros países[136], consideramos que esta función de supervisión podría ser realizada por un órgano independiente especializado en la materia[137], conformado por un número impar de socios elegidos por la asamblea general, los cuales no podrán formar parte simultáneamente del consejo rector ni ostentar la condición de director de la cooperativa, y sin perjuicio de que se pueda prever la existencia de un asesor de carácter externo y la asistencia con voz de personas pertenecientes a algunos de los grupos de interés. Dicho órgano sería el competente para la evaluación y revisión periódica de la política en materia medioambiental y social de la sociedad (recomendación 54.c CBGSC); la supervisión de que las prácticas de la sociedad en materia medioambiental y social se ajustan a la estrategia y política fijadas (recomendación 54.d CBGSC); y la supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés (recomendación 54.e CBGSC). Asimismo, debido precisamente a su especialización, también se podría encargar de la elaboración de propuestas de políticas de sostenibilidad en materias medioambientales y sociales a las que hace referencia el principio 24 CBGSC[138], para su posterior presentación y aprobación por la asamblea general.

Para finalizar con el contenido del principio 24 CBGSC, también sería oportuno que las cooperativas ofrecieran de forma transparente información suficiente sobre el desarrollo, aplicación y resultados de estas políticas. En este mismo sentido, la propia ACI demanda a las cooperativas que informen “sobre el impacto que tienen sobre la sostenibilidad económica, medioambiental y social, y sobre cómo aplican los principios cooperativos al desarrollo sostenible de las comunidades en las que trabajan” (ACI, 2015:100).

Pues bien, para cumplir con dichas demandas actualmente la legislación española regula la posibilidad de incluir en el informe de gestión, o en un informe separado, un estado de información no financiera que dé cuenta del impacto de su actividad respecto a, entre otras materias[139], cuestiones medioambientales y sociales[140]. Estas mismas previsiones se encuentran en el resto de países europeos debido a que la inclusión de estas materias en la divulgación de la información no financiera se produjo como consecuencia de la Directiva 2014/95/UE[141].

Por último, sería recomendable que las cooperativas adoptaran una de las recomendaciones que contenía la anterior versión del CBGSC, y que para la redacción de la información no financiera utilizaran alguna de las metodologías aceptadas internacionalmente[142], de tal forma que esta estandarización contribuyera a la comparabilidad de la información de la información publicada por el resto de sociedades (Embid Irujo & Val Talens, 2016).

4.2. Posibles medidas orientadas a mejorar el bienestar de los empleados

Tal y como reconoce la ACI, la preocupación por la comunidad también exige que las cooperativas “sean buenos empleadores y se preocupen por el bienestar de sus empleados y el de sus familias” (ACI, 2015:96). En nuestra legislación cooperativa se regulan algunas medidas que pueden contribuir a ello ya sea mediante la introducción de un representante de estos en el consejo rector, la mejora de las condiciones salariales, o la regulación de un órgano encargado de la defensa de los derechos laborales en el seno de la cooperativa.

Con respecto a la primera de estas medidas hay que señalar que la mayoría de las normas españolas[143] prevén de manera expresa la reserva de un puesto en el consejo rector para un representante de los trabajadores no socios cuando en el seno de la cooperativa se cumplan ciertos requisitos[144]. La incorporación de este representante permitirá que los intereses de estos se vean directamente defendidos en el órgano de gobierno por uno de ellos[145]. Es importante destacar que debido a la finalidad de esta medida el derecho a elegir un representante es exclusivo de los trabajadores no socios o de los miembros de comité de empresa, y el representante elegido deberá ser un trabajador no socio, o un miembro del comité de empresa. Por tanto, debemos excluir tanto del cómputo para alcanzar el número de trabajadores exigidos, como del derecho de sufragio pasivo y activo, a los socios de las cooperativas de trabajo y a los socios de trabajo[146]. En Derecho comparado no se observa ninguna previsión expresa en este sentido, siendo las cooperativas italianas las únicas que podrán incluir a trabajadores en el consejo rector que deberán acudir al mecanismo de introducción de consejeros no socios[147].

La siguiente de las medidas orientada al bienestar de los empleados consiste en la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores no socios a través de su participación en los resultados. La totalidad de las normas cooperativas españolas en vigor regulan la posibilidad de que los trabajadores asalariados puedan percibir una retribución, con carácter anual, cuya cuantía se fijará en función de los resultados del ejercicio económico[148]. Para ello, dependiendo de la legislación y de la clase de cooperativa, será necesario que dicha decisión sea adoptada por la asamblea general[149]; que sea reconocido y concretado en sus estatutos sociales, o por acuerdo de la asamblea general[150]; o bien la ley establece directamente que dicha participación será obligatoria sin ninguna otra clase de requisito[151]. Con una intención similar de hacer partícipes a los trabajadores en los resultados se constituye el fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal de las cooperativas argentinas.

Por último, habría que señalar algunas medidas singulares que recogen las legislaciones autonómicas y que también contribuyen a mejorar las condiciones de los empleados. Así, la norma castellanoleonesa regula de manera expresa para las cooperativas de trabajo asociado, las de explotación comunitaria de la tierra o las de enseñanza la posibilidad de destinar los resultados “a dotar sistemas de prestaciones sociales para los socios y trabajadores de la cooperativa” (art. 74.1 LCCastillaLeón). Mientras que otro grupo de legislaciones, con la intención de introducir en las cooperativas el derecho a la negociación colectiva laboral[152], han regulado lo que se ha denominado como consejo o comité social. Dicho órgano representativo de los socios trabajadores o socios de trabajo, deberá preverse estatutariamente y tiene como funciones básicas las de información, asesoramiento y consulta del órgano de administración en todos aquellos aspectos que afectan a la relación de trabajo[153].

5. Conclusiones

El reconocimiento en 1995 del principio de interés por la comunidad ha influido en las distintas normas de cooperativas españolas, si bien quizás no obteniendo los resultados esperados. Así, se ha advertido como las leyes de cooperativas comenzaron a incluir, aunque de forma tardía, el interés por la comunidad dentro del listado de principios, al igual que han ido introduciendo algunas menciones a conceptos que la ACI relaciona con el mismo. Estas referencias son más numerosas en las leyes españolas que en el resto de legislaciones de Derecho comparado analizadas, donde en ocasiones ni siquiera los listados de principios cooperativos incluyen el interés por la comunidad. Sin embargo, estas menciones no indican cómo poner en práctica el principio ni se traducen en medidas concretas para las cooperativas, sino que son simples alusiones que no encuentran un desarrollo.

Por otro lado, se ha observado como también a partir de dicho reconocimiento el legislador español convierte al FEP en el principal instrumento para la implementación del principio de interés por la comunidad. En este sentido, se han señalado las distintas alusiones que se realizan en las exposiciones de motivos de las recientes leyes de cooperativas autonómicas, así como la variación de su nombre, adoptando nuevas denominaciones que parecen querer recuperar el sentido social que presentaba el antiguo fondo de obras sociales. Asimismo, se ha observado un progresivo incremento de la variedad de objetivos sociales a los que se puede destinar el FEP, incorporándose los destinos medioambientales, los relacionados con el bienestar de los trabadores y, recientemente, la RSE. Pues bien, a pesar de esta evolución con un marcado carácter social, la regulación vigente de dicho fondo sigue sin garantizar que las cooperativas cumplan con el séptimo principio.

En primer lugar, porque para poder destinarlo a actividades sociales, primero es necesario dotarlo, y esto no siempre va a ocurrir. Así, su dotación va a depender principalmente de que se produzcan resultados cooperativos positivos al final del ejercicio, circunstancia que es posible que no suceda porque la cooperativa previamente haya ajustado a la perfección los retornos cooperativos. Y aunque también se prevén otras partidas para su dotación, éstas no son tan habituales, ya que será necesario que se impongan sanciones a los socios o se reciban subvenciones para los fines del fondo.

Y en segundo lugar, cuando dicho fondo se encuentre dotado, el destino del importe a fines sociales será dispositivo, ya que el legislador regula otra serie de posibles actividades a las que poder dedicar el fondo relacionadas esencialmente con los principios de educación e intercooperación, como por ejemplo la educación de sus socios o el pago de las cuotas de su federación. Incluso en los últimos años estos fines se han visto ampliados por otros relacionados con la economía de la cooperativa o la igualdad de género. En este sentido, resultaría de interés analizar en qué emplean las cooperativas el importe de dicho fondo y qué porcentaje del mismo se destina a actividades sociales.

Para tratar de asegurar la eficacia de este fondo como herramienta para la puesta en práctica del principio de interés por la comunidad, el legislador podría plantear algún tipo de ventaja o beneficio fiscal para el importe invertido en fines sociales, o bien, podría conminar a la cooperativa a emplear un porcentaje del importe de dicho fondo en fines sociales, al igual que hace el andaluz con la igualdad de género. Por otro lado, a la vista de que el resto de legislaciones que también se encajan dentro del modelo ius cooperativo economicista prescinden de él, el legislador podría optar por suprimir estos fondos ineficaces y excesivos e incorporar un órgano independiente especializado en políticas de sostenibilidad, semejante al que se regula para las sociedades cotizadas en el CBGSC, y fomentar la difusión de la información sobre el impacto de las actividades de la cooperativa.

En cualquier caso, consideramos que a pesar de que sobre el papel parece que el principio de interés por la comunidad goza de cierta importancia en nuestra legislación, en realidad, este no se ha traducido en obligaciones concretas. Todas las medidas introducidas para su implementación son de carácter dispositivo, por lo que no puede considerarse como un principio configurador del tipo cooperativo ya que necesariamente no se tendrá que cumplir.

 

Conflicto de intereses: El autor declara no tener conflictos de interés.

 

Apoyos: Estudio realizado en el marco del Proyecto de I+D+i de generación de conocimiento «frontera» del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) titulado “La reformulación de los principios cooperativos y su adaptación estatutaria para satisfacer las actuales demandas sociales, económicas y medioambientales” (P20_01278). Este artículo forma parte de la Tesis Doctoral titulada: “El principio cooperativo de interés por la comunidad".

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